El Real Decreto de 21 de abril de 1.989 salvaguarda los intereses de los consumidores en cuanto a su derecho de información. El mediador en la venta de inmuebles tienen la obligación de informar al público, a suministrar en la compra-venta y arrendamiento de viviendas, toda la documentación relativa al proceso de compraventa.
Para obtener plenas garantías, el comprador tiene que estar debidamente informado y asesorado.